A raíz del conflicto sociopolítico en Nicaragua del 2018 el control y la injerencia política oficialista en el sistema judicial, la policía y el ejercito desde 2007 han causado la degeneración del sistema de protección civil y acceso a la justicia. las condiciones de vulnerabilidad de las juventudes se han multiplicado. La integridad personal, la salud y la vida han sido afectadas gravemente.

En Nicaragua los adolescentes entre los 13 y 18 años no cumplidos son sujetos de la justicia penal especializada. Las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia muestran que los adolescentes son los que menos infringen la ley. En el 2010 se registraron 3,360 casos de Administración de Justicia Penal en Adolescentes, es decir, menos del 1.0% de la población adolescentes infringe la ley (Observatorio CODENI).

Los adolescentes que corren un mayor riesgo de entrar en conflicto con la ley son a menudo “producto de difíciles circunstancias familiares que podrían incluir la pobreza, la ruptura familiar, el abuso de los progenitores o el alcoholismo, ausentismo escolar, falta de empleos productivos, entre otros” (Informe 2011, UNICEF).

La mayoría de las y los adolescentes y jóvenes que entran en conflicto con la ley son todavía seres humanos en desarrollo, el estado como garante de derechos debe apostar al debido proceso orientado a la integración de los adolescentes a la familia y la sociedad, porque está comprobado que los adolescente que pasan períodos de detención antes del juicio o que cumplen sentencias de cárcel junto a los adultos tienen menos probabilidades de reintegrarse a la sociedad cuando salen a la calle y mayores posibilidades de volver a realizar actividades delictivas (Observatorio CODENI).

Objetivo: Fortalecer instituciones, mecanismos y prácticas que favorezcan un enfoque integral de seguridad integral y justicia transicional y restaurativa en Nicaragua con énfasis en adolescentes y jóvenes.