La participación es un derecho consignado en la Ley 392, y al mismo tiempo un recurso del Estado para enriquecer las políticas públicas. Las juventudes son un actor clave para el desarrollo del país y desde abril del año 2018 se han tenido un mayor involucramiento en los espacios políticos de concertación nacional donde de toman decisiones para el restablecimiento de la democracia en Nicaragua.

Esos datos se incluyen en el informe de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre Desarrollo Humano (ENAJ-INDH: 2009), el cual revela que la participación de adolescentes y jóvenes se concentraba alrededor de las actividades deportivas y religiosas, y en menor medida, estudiantiles y culturales.

De acuerdo con datos ofrecidos por el INIDE, las personas jóvenes del país experimentan una tendencia a estar menos integradas a las organizaciones formales.

La Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud revela que el 55% de adolescentes y jóvenes encuestados no tiene experiencia participativa, el 18% participa en actividades voluntarias y un 27% se integra a brigadas ecológicas organizadas en el ámbito educativo, las cuales son gestionadas bajo la tutela de docentes.

Según el Informe Nacional sobre Desarrollo Humano de PNUD, el 54.5% de jóvenes de 18-24 años no participa en organizaciones políticas.

La participación real y efectiva de las y los jóvenes es imprescindible para el desarrollo económico del país, el reconocimiento de la capacidad de cambio y su potencial organizativo debe reflejarse en las estadísticas nacionales de medición del uso de tiempo, modalidades de participación y asociatividad de las personas jóvenes.

Objetivo: Fomentar oportunidades para que las y los adolescentes y juventudes participen de manera activa, informada y responsable en espacios de toma de decisión, a su vez, para que la responsabilidad llevada por jóvenes se materialice en funcionarios y servidores públicos jóvenes.